La banca asegura que la mayoría de los inmuebles en deterioro no pertenecen a las carteras de bienes hipotecarios que han sido ejecutados.
Con el propósito de evitar el deterioro de las propiedades abandonadas y de que su valor en el mercado disminuya, el representante Yazzer Morales Díaz, presentó el Proyecto de la Cámara 538 para obligar a instituciones hipotecarias a brindar mantenimiento a las casas reposeídas, mientras que la banca hipotecaria asegura que no todos los estorbos públicos pertenecen a la cartera de clientes de los bancos.
“Los datos provistos denotan la existencia de una gran cantidad de propiedades, residenciales y comerciales que se encuentran abandonadas. Esto crea inestabilidad en la valorización de las propiedades adyacentes. Pero peor aún, tiende a convertirse en un grave problema de salud pública, dada la amenaza de estas propiedades convertirse en criaderos de sabandijas y su posible utilización para fines ilícitos”, señaló el representante en la Exposición de Motivos de la medida.
El Proyecto de la Cámara 538 busca que la Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico les imponga a las instituciones hipotecarias que adquieran una propiedad inmueble, por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma. Además, le ordena a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) establecer aquellos procedimientos conducentes a la fiscalización, supervisión y reglamentación de lo perseguido mediante esta Ley.
“No hay duda de que una piscina abandonada o que no obtenga el mantenimiento requerido para su buen uso y disfrute puede representar un problema inminente a la salud pública. Es imposible pretender que el gobierno erradique completamente el dengue, si los tenedores de estas propiedades abandonadas no cumplen con su responsabilidad de eliminar los criaderos de mosquito y de darle buen mantenimiento a las mismas”, dijo Morales.
Sobre el acondicionamiento de las propiedades ejecutadas, Pedro “Peter” Torres, presidente de la Asociación de Banca Hipotecaria (MBA, por sus siglas en inglés), aclaró a EL VOCERO el proceso que ya es parte del protocolo de la banca hipotecaria cuando se convierte en dueño de una propiedad reposeída, proceso que en ocasiones puede tomar hasta dos años.
Una vez el banco ejecuta, inspeccionan la casa o edificio y el perímetro alrededor. Hacen los “safety hazards” para la seguridad en áreas como piscinas, huecos o acumulación de agua, y a base de lo encontrado le hacen algunas mejoras o las dejan como están para ponerla en la lista de Real Estate Owned (REO) para venderla. “El banco arregla estas propiedades porque quiere salir de ellas lo antes posible”, aseguró Torres resaltando que ejecutar propiedades no es beneficioso para los bancos.
Reconoció que en muchos casos, son las propiedades abandonadas y deterioradas las preferidas por los inversionistas, ya que compran las estructuras en mal estado para remodelarlas, “porque mientras más afectadas estén, más baratas las adquieren”.
No pertenecen a los bancos gran parte de los estorbos
El presidente de la MBA hizo hincapié en que antes de culpar a los bancos por el deterioro de las propiedades abandonadas, se debe averiguar quiénes son los dueños de estas estructuras que afean las carreteras, barrios y urbanizaciones.
“Cada caso tiene una historia y no se puede asumir que todas las propiedades son del banco. Muchas están abandonadas por litigios de herencia, muerte o enfermedad. En estos casos el banco no puede hacer nada porque no es el dueño de estas propiedades”, aseguró el ejecutivo.
Torres indicó que un informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), realizado luego de los huracanes Irma y María, presentó que en Puerto Rico hay cerca de un millón y medio de casas, de las cuales cerca de 375,000 tienen un balance hipotecario, por lo que la mayoría están saldas y no son responsabilidad de los bancos.
Señaló, además, que hay cerca de 350,000 unidades de construcción informal, de personas que no tienen títulos de propiedad o invadieron terrenos, de las cuales hay muchas abandonadas. Asimismo, hay otras casas que son residencias principales que están en moratorias o en un proceso de ejecución detenido hasta el 30 de junio.
Entre enero a mayo de 2021, todavía había 2,720 préstamos en moratorias, para un monto total de $312.4 millones, según los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Para el mes de marzo, -el dato más actualizado de la OCIF-, se encontraban en el proceso de ejecución unas 10,912 residencias. En el caso de las ejecutadas, en marzo la cifra alcanzó las 213 residencias, en febrero 133 y en enero 70, números que no le preocupan a Torres, ya que entiende que no son altos si se toma en cuenta todo lo que ha ocurrido desde la llegada de la pandemia.
“Los casos están acumulados porque en un año y medio no se han podido ejecutar muchas propiedades. En estos días nos reuniremos con el Departamento de la Vivienda y con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), para discutir el reglamento de una ayuda que se les brindará a las personas que no pueden pagar su hipoteca o alquiler por causa del covid-19, para lo que hay cerca de $75 millones disponibles”, adelantó el banquero.
Fuente: Elvocero
